Environment Ministry proposes decree to evaluate licenses without waiting for prior consultation

El cambio central sería separar parcialmente los tiempos de la evaluación ambiental y la consulta previa. Hoy, según la propuesta, una solicitud podría radicarse, iniciarse y evaluarse aunque todavía no se haya definido o terminado la consulta con comunidades étnicas. La medida busca reducir demoras sin relajar la calidad técnica de los estudios ambientales.

Por ejemplo, una empresa podría presentar una solicitud mientras el Ministerio del Interior analiza si el proyecto exige consulta. La autoridad ambiental podría revisar los estudios y avanzar en el expediente. Sin embargo, no podría tomar la decisión final mientras el Interior no determine si la consulta procede y, si procede, hasta que esta sea declarada terminada.

El decreto está publicado para comentarios, así que todavía es una propuesta. También cubriría modificaciones de licencias existentes y reactivaría de oficio ciertas modificaciones suspendidas cuando entre en vigencia. Lo actuado antes conservaría su validez.

La consulta previa es un proceso de diálogo con comunidades étnicas que podrían verse afectadas por un proyecto. Su propósito es que esas comunidades conozcan el proyecto, expresen sus preocupaciones y participen antes de que se adopte una decisión que pueda afectarlas. En Colombia, su procedencia depende de una determinación del Ministerio del Interior.

El borrador distingue entre evaluar una licencia y decidirla. La autoridad ambiental podría estudiar los documentos mientras el Interior define si existe obligación de consultar. Si la consulta procede, la decisión ambiental tendría que esperar hasta que el proceso sea declarado terminado. Así, la evaluación técnica no reemplazaría la consulta ni eliminaría su efecto sobre la decisión.

La consulta sigue siendo un punto sensible. El artículo menciona los casos de Taganga y del gas de Sirius, además de un fallo que ordenó a Lara disculparse por acusar de extorsión a la comunidad de Taganga. El proyecto busca ordenar los tiempos, no eliminar esa etapa.

La propuesta no se limitaría a un sector específico. Aplicaría a quienes soliciten una licencia ambiental o modifiquen una licencia ya otorgada, siempre que el trámite no tenga reglas propias. Por eso podría alcanzar proyectos de distintas escalas y actividades, además de varios tipos de permisos mencionados expresamente en el borrador.

Entre los ejemplos están las licencias para proyectos solares y eólicos, y las licencias temporales de formalización minera. También entrarían las modificaciones que estén suspendidas cuando el decreto empiece a regir. Esas solicitudes se reanudarían de oficio bajo las nuevas reglas, mientras que las actuaciones realizadas antes conservarían su validez.

El alcance todavía depende del texto definitivo. El Ministerio de Ambiente publicó el borrador para comentarios, junto con el Ministerio del Interior. La propuesta también contempla que la evaluación avance durante la consulta, pero mantiene la decisión final condicionada a sus resultados procesales.

La propuesta permitiría que la revisión técnica termine antes que la consulta previa. Pero eso no autorizaría automáticamente el proyecto. Si la evaluación concluye y la consulta sigue pendiente, el plazo legal para resolver quedaría suspendido hasta que se aclare o finalice ese proceso.

El mecanismo funciona como una separación con límite. La autoridad ambiental puede analizar los estudios, formular sus revisiones y cerrar la evaluación. Sin embargo, no puede emitir la decisión final mientras el Ministerio del Interior no determine si la consulta procede. Si procede, debe esperar además a que sea declarada terminada.

Esto podría evitar que todo el análisis ambiental quede detenido desde el comienzo, pero preserva la consulta como condición para decidir. El borrador afirma que busca acortar tiempos y hacer el trámite más costo efectivo, sin relajar la calidad técnica de los estudios ambientales. Todavía está abierto a comentarios.

El trámite repartiría responsabilidades entre dos autoridades. La autoridad ambiental estudia la solicitud, evalúa los estudios ambientales y adopta la decisión sobre la licencia. El Ministerio del Interior determina si el proyecto debe someterse a consulta previa con comunidades étnicas potencialmente afectadas.

La propuesta permite que ambas funciones avancen en paralelo, pero no les da el mismo momento de cierre. La autoridad ambiental puede continuar la evaluación mientras el Interior analiza la procedencia de la consulta. Si el Interior determina que sí procede, la autoridad ambiental debe esperar a que ese proceso sea declarado terminado antes de decidir.

Este diseño busca coordinar dos procedimientos sin eliminar la intervención de ninguna entidad. Fabio Arjona presentó el decreto como ministro de Ambiente junto con Rodrigo Lara, ministro del Interior. El texto también contempla que los trámites suspendidos se reanuden de oficio bajo las nuevas reglas cuando el decreto entre en vigencia.

Separar parcialmente los calendarios permitiría que la revisión ambiental empiece sin esperar a que el Ministerio del Interior defina o complete la consulta. El Gobierno sostiene que así se acortarían los tiempos y el proceso sería más costo efectivo. La propuesta fue presentada también con la idea de que los grandes proyectos de inversión puedan arrancar inmediatamente.

El mecanismo es concreto: la solicitud se radica, inicia y evalúa mientras la consulta está pendiente o en curso. La autoridad ambiental puede terminar su análisis técnico. Si la consulta todavía no concluye, se suspende el plazo para resolver y no se adopta la decisión final. Por tanto, se eliminan esperas iniciales, pero no el requisito de consulta.

El impacto dependería de la aplicación del decreto y de los comentarios recibidos. La propuesta afirma que no relajará la calidad técnica. También se relaciona con la iniciativa de digitalizar expedientes represados y con la discusión sobre modificar el test de proporcionalidad.

En términos generales, una licencia ambiental es la autorización administrativa que permite desarrollar un proyecto sujeto a una evaluación de sus posibles impactos ambientales. Esa evaluación exige revisar estudios técnicos y establecer si el proyecto puede avanzar bajo las condiciones aplicables. En el artículo, la autoridad ambiental es la encargada de evaluar y decidir.

La licencia también debe convivir con la consulta previa cuando un proyecto podría afectar comunidades étnicas. Por eso el borrador permite adelantar el análisis, pero impide decidir hasta que el Ministerio del Interior determine si la consulta procede y, si procede, hasta que termine. La propuesta declara que no busca reducir la calidad técnica.

El equilibrio planteado combina dos objetivos: acortar los tiempos de inversión y mantener controles ambientales y comunitarios. El resultado dependerá de la norma definitiva. El decreto sigue en etapa de comentarios, mientras el Gobierno también plantea digitalizar expedientes represados y discutir cambios al test de proporcionalidad.