Argentina's Supreme Court reverses course and reinstates limits on the sale of land to foreigners

La Corte Suprema revirtió la modificación que había dejado sin efecto, o impedido aplicar, los límites de la Ley de Tierras. Su decisión restablece el control sobre la compra de tierras rurales por extranjeros. El punto importa porque define cuánto territorio puede quedar bajo propiedad extranjera y reabre una disputa política y judicial.

En términos prácticos, vuelven a regir el máximo nacional del 15%, el límite por jurisdicción y el tope para personas de una misma nacionalidad. También retorna la restricción de superficie por zona, calculada según la equivalencia de tierras rurales establecida para cada región. No se trata de prohibir toda compra extranjera, sino de limitar su acumulación.

Los titulares describen el fallo como provisorio. Por eso, el marco puede cambiar durante el proceso judicial. La oposición también lo vincula con el DNU 70 y reclama su derogación. La Corte podría modificar o reemplazar su decisión al resolver el fondo del caso.

La Ley de Tierras, Ley 26.737, es el marco argentino para la propiedad de tierras rurales por personas y empresas extranjeras. Su objetivo es impedir que una porción excesiva del territorio quede concentrada en manos extranjeras. La norma no elimina la propiedad privada, pero establece límites de interés territorial y estratégico.

Entre sus reglas centrales está el máximo del 15% de las tierras rurales del país. Ese porcentaje también opera dentro de cada provincia y municipio. Además, una misma nacionalidad no puede controlar más del 30% del cupo extranjero. La ley fija también un límite de superficie por zona, generalmente asociado a mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente regional.

La disputa actual gira en torno a si esos límites siguen plenamente vigentes después del DNU 70. La Corte Suprema restableció su aplicación, aunque los titulares califican la decisión de provisoria. El Congreso y los tribunales todavía pueden influir en su futuro.

El límite general es del 15% de las tierras rurales. Ese techo se aplica al territorio nacional y también dentro de cada provincia y municipio. Así, una jurisdicción no puede superar su propio 15% aunque el porcentaje nacional todavía no se haya alcanzado. Además, dentro del cupo extranjero, una nacionalidad no puede superar el 30%.

La ley también impone un límite individual de superficie. En la zona núcleo, la referencia más conocida es de 1.000 hectáreas. Para otras regiones, la superficie equivalente cambia según la productividad y las características del área. Por eso, no existe una única cifra válida para todo el país. La regla combina porcentajes territoriales con topes por operación o titularidad.

La restitución judicial vuelve a poner esos números en el centro de las transacciones. Sin embargo, el fallo es presentado como provisional. Su alcance definitivo dependerá de la resolución del caso y de lo que ocurra con el DNU 70.

El efecto inmediato es que las operaciones deben volver a medirse con las restricciones de la Ley de Tierras. Un comprador extranjero que exceda el 15%, el cupo de su nacionalidad o la superficie permitida podría no obtener autorización o inscripción. La decisión también puede afectar contratos que dependían de que el DNU 70 dejara sin efecto esos límites.

Por ejemplo, una compra que acercara a una provincia al 15% permitido tendría que ser revisada antes de completarse. El mecanismo clave es el control administrativo y registral de la titularidad. No toda operación queda anulada automáticamente: su destino depende de la fecha, el estado del trámite, las normas aplicables y las órdenes judiciales.

Para los propietarios, puede reducirse el grupo de compradores habilitados. Para inversores extranjeros, aumenta el riesgo y la demora. Como el fallo es provisorio, puede haber nuevas modificaciones. La seguridad jurídica dependerá de una decisión definitiva y de la suerte del DNU 70.

Un fallo provisional busca ordenar la situación mientras continúa el proceso. No equivale necesariamente a una sentencia definitiva sobre la validez de la norma o del decreto discutido. Por eso, la restitución de los límites puede aplicarse ahora y, aun así, cambiar después. El carácter provisorio evita tratar la decisión como el cierre de la disputa.

La Corte puede revisar una medida si aparecen nuevos argumentos, pruebas o cambios procesales. También puede confirmar la solución al resolver el fondo, modificar su alcance o dejarla sin efecto. En un litigio constitucional, la decisión final debería establecer si la norma cuestionada y el DNU son compatibles con la Constitución y qué consecuencias producen.

Los titulares remarcan precisamente esa incertidumbre. La oposición advierte que el fallo es provisorio y mantiene su pedido de derogar el DNU 70. Mientras no exista una definición final, compradores, vendedores y autoridades deben actuar bajo el límite restablecido, salvo nuevas órdenes judiciales.

El DNU 70/2023, conocido como decreto de desregulación y bases económicas del gobierno de Javier Milei, modificó numerosas reglas. Entre ellas, dispuso la derogación de la Ley de Tierras, según la interpretación jurídica que sostiene la oposición y que está en el centro del conflicto. Por eso aparece ligado al fallo de la Corte.

El mecanismo es directo: si el decreto elimina la ley, desaparece la base legal de los topes para compradores extranjeros. Si la Corte restablece esos límites, vuelve a operar ese régimen, al menos de manera provisional. La oposición conecta ambos temas porque entiende que la disputa judicial no puede separarse de la vigencia del DNU.

Derogarlo por completo no cambiaría solo las normas sobre tierras. También dejaría sin efecto otras reformas incluidas en el decreto, según el alcance de la derogación. En materia rural, eliminar el DNU reforzaría la vigencia legislativa de la Ley de Tierras. La consecuencia definitiva depende del Congreso y de la Justicia.

Las restricciones a la propiedad extranjera suelen responder a una preocupación territorial. La tierra no es un bien cualquiera: puede contener agua, recursos naturales, alimentos, bosques o infraestructura estratégica. Un Estado puede considerar que una concentración excesiva en manos extranjeras limita su capacidad de planificar, proteger recursos y decidir sobre el uso del territorio.

El equilibrio exige reconocer la propiedad privada y, al mismo tiempo, fijar reglas generales. Argentina lo hace mediante porcentajes máximos, límites por jurisdicción, topes por nacionalidad y superficies máximas por zona. Esas herramientas no prohíben automáticamente toda compra extranjera. Buscan distribuir el riesgo y evitar que pocas personas o empresas concentren grandes extensiones.

La disputa argentina muestra la tensión entre seguridad jurídica, inversión y control territorial. La Corte restableció los límites, pero el fallo es provisional. El debate seguirá entre quienes priorizan la apertura y quienes defienden controles fuertes. Su resultado dependerá de la decisión judicial definitiva y del tratamiento político del DNU 70.