Carlos Meisel's decentralization referendum has already begun its formal process

Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, anunció el inicio formal del trámite ante la Registraduría. Su objetivo es impulsar un referendo sobre descentralización y reducción del Estado. La Registraduría ya entregó el formulario para constituir el comité promotor. Para inscribirlo, sus impulsores necesitan unas 200 mil firmas, equivalentes al 0,5% del censo electoral.

La propuesta tiene tres frentes. Busca aumentar la autonomía fiscal y regulatoria de los territorios, incluso en política energética y salario mínimo. También plantea revisar la eficiencia de las tres ramas del poder y racionalizar el Congreso, las Cortes y las entidades territoriales. Finalmente, propone modernizar las jurisdicciones y los regímenes especiales.

El anuncio apenas abre el proceso. Después vendrían seis meses para reunir cerca de dos millones de firmas. El proyecto tendría que pasar por el Congreso y la Corte Constitucional antes de una eventual votación nacional. Su aprobación podría reorganizar competencias territoriales y reducir instituciones y cargos públicos.

Un referendo es un mecanismo de participación mediante el cual los ciudadanos votan directamente una propuesta de cambio legal o constitucional. Su importancia está en que la decisión final puede pasar del debate institucional al voto popular. En Colombia, el proceso descrito exige primero firmas, revisión legislativa y control constitucional.

La diferencia con aprobar una ley únicamente en el Congreso está en quién toma la decisión final. Una ley ordinaria puede quedar aprobada por las dos cámaras, siguiendo el trámite legislativo. En cambio, este referendo necesitaría que los ciudadanos votaran y que el “Sí” obtuviera la mitad más uno de los votos válidos, además de un mínimo de participación.

Eso no significa que el Congreso desaparezca del procedimiento. El proyecto debe ser votado allí como un proyecto de ley y después revisado por la Corte Constitucional. Solo si supera esas etapas podrá llegar a las urnas, donde el resultado dependerá de la participación y de los votos afirmativos.

El proceso tiene dos metas de firmas. Primero, el comité promotor necesita el respaldo del 0,5% del censo electoral para inscribirse ante la Registraduría. El artículo calcula esa cifra en unas 200 mil firmas. Esa etapa permite formalizar la campaña, pero no lleva todavía el referendo a votación.

Después de inscribir el comité comienza una recolección de seis meses. La propuesta necesita un apoyo equivalente al 5% del censo electoral, calculado en unos dos millones de firmas. Si alcanza esa cifra y supera las etapas institucionales, podrá avanzar hacia una eventual jornada electoral.

La aprobación también exige participación mínima. Debe votar al menos la cuarta parte del censo electoral, es decir, poco más de diez millones de personas según el artículo. Además, la opción del “Sí” debe conseguir la mitad más uno de los votos. Reunir firmas, por tanto, no garantiza que el referendo sea aprobado.

El primer eje busca fortalecer la autonomía fiscal y regulatoria de los territorios. Esto significa que departamentos y otras entidades territoriales tendrían mayores competencias para tomar decisiones propias. El artículo menciona dos áreas concretas: la política energética y el salario mínimo. La propuesta, por tanto, apunta a modificar la relación entre el centro y los territorios.

El segundo eje plantea optimizar y reducir el Estado. Para ello propone revisar la eficiencia operativa de las tres ramas del poder y racionalizar el Congreso, las Cortes y las entidades territoriales. Meisel afirmó que el país podría funcionar sin 13 mil concejales, 500 diputados y 267 congresistas.

El tercer eje se concentra en la justicia. Propone modernizar las jurisdicciones y los regímenes especiales para avanzar hacia una sola jurisdicción nacional. El senador también señaló que actualmente existen seis altas cortes y sugirió que la rama judicial podría hacer un esfuerzo de reducción. Estas ideas requerirían cambios legales o institucionales.

El primer paso es inscribir el comité promotor con el 0,5% del censo electoral. Luego habrá seis meses para recoger firmas equivalentes al 5% del censo. Si la campaña reúne ese respaldo, la propuesta pasará al Congreso, donde deberá votarse como un proyecto de ley en sus dos cámaras.

Si obtiene los votos necesarios en el Congreso, llegará a la Corte Constitucional. La Corte deberá darle el visto bueno para que pueda abrirse paso hacia la votación popular. En esa jornada no bastará con que gane el “Sí”. También tendrá que participar al menos una cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el censo electoral.

Si se cumplen ambos requisitos y el “Sí” obtiene la mitad más uno de los votos, el referendo será aprobado. El artículo no detalla la implementación posterior. Sus propuestas podrían modificar la autonomía territorial, el tamaño de varias instituciones y la organización de las jurisdicciones, pero esos efectos dependerían del texto aprobado y de su aplicación.

El antecedente más cercano terminó sin éxito. El año pasado se cayó un referendo promovido por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. También incluía un componente descentralizador. El caso muestra que una propuesta puede fracasar aunque logre organizar una campaña y reunir recursos para buscar apoyo ciudadano.

La recolección de firmas de ese proceso costó cerca de 450 millones de pesos. De esa suma, 45 millones fueron aportados por Juan Carlos Restrepo Ángel, contratista de la Gobernación de Antioquia. El artículo vincula este financiamiento con un antecedente judicial del aportante.

Restrepo Ángel fue condenado en 2015 por falsificar documentos para favorecer un negocio de Mauricio Galofre Amín, integrante del grupo Nule. El texto no precisa cuál requisito hizo caer el referendo ni detalla el resultado exacto de su recolección. Su fracaso funciona como antecedente político para la nueva iniciativa de Meisel, que enfrenta un recorrido institucional similar.

La descentralización es una forma de organizar el poder para que no todas las decisiones dependan del gobierno nacional. En un país como Colombia, implica que departamentos, municipios y otros territorios puedan decidir y administrar asuntos públicos con mayor autonomía. Su objetivo es acercar las decisiones a las comunidades y reconocer diferencias entre regiones.

También cambia la distribución del dinero público. La autonomía fiscal puede permitir que los territorios recauden, administren o definan mejor el uso de recursos, mientras el gobierno nacional conserva funciones generales. En el referendo de Meisel, el primer eje busca fortalecer esa autonomía fiscal y regulatoria, con más competencias en política energética y salario mínimo.

El artículo no explica qué impuestos, transferencias o reglas concretas cambiarían. Por eso, no permite precisar cuánto dinero pasaría a cada territorio. Sí muestra la dirección política: más capacidad local para decidir, junto con una reducción y reorganización de instituciones nacionales y territoriales.