Why is Nayib Bukele considering releasing 50 percent of those detained in El Salvador during the war on gangs? This is what is known

El régimen de excepción es una medida extraordinaria de seguridad que El Salvador mantiene desde marzo de 2022. Permitió perseguir y detener a personas señaladas de participar o colaborar con las pandillas. El artículo lo presenta como una de las políticas de seguridad más estrictas y debatidas del continente.

Fue introducido para combatir a las temidas estructuras criminales del país. Bajo esta medida, el Gobierno realizó una campaña masiva de capturas. La administración de Nayib Bukele sostuvo durante años que casi todos los detenidos pertenecían a organizaciones criminales y que los errores eran mínimos.

La medida sigue teniendo efectos importantes porque más de 92.000 personas han sido privadas de la libertad. Ahora, una comisión revisa sus expedientes y también examina muertes ocurridas bajo custodia estatal. El cambio abre preguntas sobre los criterios utilizados, el control judicial y la posibilidad de liberar anticipadamente a muchos detenidos.

Desde marzo de 2022, El Salvador ha detenido a más de 92.000 personas bajo el régimen de excepción. El artículo también resume la cifra como más de 90.000 capturados, pero precisa que la población privada de la libertad supera los 92.000 casos.

Las detenciones se dirigieron contra personas acusadas de participar o colaborar con las pandillas. Durante más de cuatro años, la administración salvadoreña defendió la idea de que la gran mayoría de los capturados eran miembros de estructuras criminales. Incluso llegó a reducir el margen de equivocación declarado al 1 por ciento.

La magnitud de la cifra explica el nuevo proceso de revisión. Una comisión gubernamental analiza los expedientes uno por uno y estudia la posibilidad de conceder liberaciones anticipadas a cerca de la mitad de los detenidos. El procedimiento también ocurre mientras se revisan más de 500 muertes bajo custodia estatal documentadas por organizaciones de derechos humanos.

El Gobierno de Nayib Bukele está revisando los casos para evitar mantener en prisión a personas que no sean culpables. Esta postura representa un matiz frente a su defensa anterior del régimen, cuando calificaba a casi todos los capturados como integrantes de estructuras criminales y estimaba los errores en apenas 1 por ciento.

La revisión se realiza expediente por expediente. Bukele afirmó que se estudian liberaciones anticipadas para una gran cantidad de reos, incluso personas que el Gobierno considera culpables y merecedoras de prisión. El mandatario justificó la posible excepción por las condiciones que vive el país. La comisión también examina las muertes ocurridas bajo custodia estatal.

El alcance del cambio todavía no está definido. Bukele habló de liberar cerca de la mitad de la población carcelaria, pero el artículo no ofrece una fecha, una lista de beneficiarios ni criterios jurídicos detallados. El proceso surgió después de conversaciones con Marco Rubio sobre seguridad e influencia extranjera en la región.

La entidad reúne personal del órgano Ejecutivo, jueces y fiscales. También participa Gabriela de Bukele, la primera dama. Ibrahim Bukele, hermano del presidente y sin cargo oficial, fue quien reveló públicamente la existencia del grupo y describió su trabajo.

La comisión revisa expediente por expediente a quienes fueron capturados durante el régimen de excepción. Además, examina las más de 500 muertes bajo custodia estatal documentadas por organizaciones de derechos humanos. Ibrahim Bukele dijo que recibe casos para estudiar todos los días, pero no explicó cómo se toman las decisiones.

Su funcionamiento es paralelo al sistema judicial ordinario, según la descripción del artículo. No se detallan la normativa, el marco legal ni los criterios jurídicos que sostienen sus decisiones. Ante las críticas, Bukele dijo que el objetivo era no mantener encarcelada a ninguna persona que no fuera culpable, aunque no anunció un calendario ni resultados concretos.

Para las personas detenidas injustamente, una liberación podría significar recuperar la libertad y corregir una decisión equivocada. El artículo no informa cuántos casos serían de ese tipo ni describe reparaciones. Sí señala que el Gobierno ahora afirma no querer mantener en prisión a personas no culpables.

Para las víctimas de las pandillas, el riesgo sería que una liberación incluya a personas capaces de volver a cometer delitos. Por eso, las decisiones necesitarían distinguir entre acusaciones sin sustento y participación criminal comprobada. El artículo solo indica que se estudian expedientes individualmente y que Bukele también contempla liberar a reos considerados culpables.

La confianza pública podría aumentar si el proceso es claro, verificable y capaz de reconocer errores. También podría disminuir si las decisiones parecen arbitrarias o permiten impunidad. El artículo no mide todavía estas reacciones ni confirma cuántas personas serán liberadas, cuándo ocurrirá o bajo qué condiciones.

Una alternativa sería investigar cada caso con pruebas verificables, en vez de tratar a todos los detenidos como miembros de pandillas. Fiscales y jueces podrían clasificar los expedientes según la evidencia disponible, el papel atribuido y el riesgo concreto para otras personas. El artículo no describe un sistema así, por lo que esta propuesta usa principios generales de justicia penal.

Los casos con pruebas sólidas de liderazgo, violencia o coordinación criminal deberían avanzar hacia un juicio individual. Las acusaciones menores o débiles podrían revisarse mediante libertad provisional, supervisión judicial, restricciones de contacto o programas de reintegración. Las víctimas también deberían poder aportar información y conocer el avance de los procesos.

Estas opciones permitirían reducir la detención masiva sin abandonar la persecución de los grupos criminales. Su eficacia dependería de jueces y fiscales capaces de decidir sin presiones, registros públicos de las decisiones y mecanismos para corregir errores. El artículo no indica que tales alternativas estén siendo aplicadas por la comisión actual.

El debido proceso importa porque toda persona debe ser evaluada mediante pruebas, defensa y una decisión individual. Sin esas garantías, una operación contra el crimen organizado puede encarcelar también a personas inocentes. El artículo muestra la dimensión del riesgo: más de 92.000 personas fueron detenidas y ahora sus expedientes requieren revisión.

La independencia judicial cumple otra función. Permite que jueces y fiscales controlen las decisiones del Gobierno, en vez de limitarse a respaldarlas. En este caso, una comisión vinculada al Ejecutivo revisa expedientes junto con jueces y fiscales, pero el artículo no explica su marco legal ni sus criterios. Esa falta de detalles alimenta las preguntas sobre los controles existentes.

Las emergencias pueden ser necesarias para responder a una amenaza, pero no deberían eliminar la responsabilidad institucional. Revisiones transparentes, decisiones motivadas y recursos contra errores ayudarían a proteger a inocentes y a sostener los casos contra culpables. También podrían fortalecer la confianza en la política de seguridad y en las instituciones encargadas de aplicarla.