The De la Espriella and Gómezs’ crony network in state-owned companies

Una junta directiva reúne a varias personas para orientar una empresa y tomar decisiones en su nombre. En las compañías estatales, sus votos pueden afectar recursos públicos, negocios y la dirección general de la entidad. Por eso, no es un cargo meramente ceremonial.

El artículo señala que las juntas pueden aprobar líneas de crédito y elegir a los presidentes de muchas empresas. En Ecopetrol, por ejemplo, la junta escogió como presidente a Joaquín Gutiérrez sin usar una firma cazatalentos. También decide mediante sesiones y comités, donde sus integrantes participan y reciben honorarios.

La influencia depende del cargo y de la empresa. Una junta puede definir quién administra una entidad y qué operaciones financieras impulsa. El análisis plantea que los vínculos personales o políticos de algunos miembros importan porque combinan poder de decisión, acceso institucional y pagos por asistir.

El análisis identifica personas conectadas con De la Espriella, Miguel Gómez Martínez, los Gómez o Salvación Nacional. En Ecopetrol aparecen Carlos Suárez, Joaquín Gutiérrez y Jorge Jaller. Suárez fue estratega de campaña y socio de De la Espriella Style; Gutiérrez fue jefe de campaña; Jaller es amigo del presidente.

También fueron mencionados Diana Bravo en la SAE, Marco Fidel Acosta en el Fondo Nacional del Ahorro, María Paula Tejada en Findeter y Andrés Barreto en el Fondo Adaptación y la junta del Banco Agrario. Nicolás Farfán Namen está en Colpensiones, Jaime Vives dirige Coljuegos y Gregory Schaller llegó a la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por el lado de los Gómez aparecen Wilson Ruiz en Findeter y Fiduprevisora, y Andrés Cervantes en Fiduprevisora. Ruiz fue candidato de Salvación Nacional; Cervantes trabajó para una firma de Enrique Gómez y su encargo lo firmó Miguel Gómez.

La investigación revisó los nombramientos en 68 empresas del Estado. Encontró 22 personas con vínculos personales o políticos con el presidente Abelardo De la Espriella o el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. La cifra incluye cargos en juntas directivas y presidencias.

Además, identificó otras tres personas en la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por eso, el balance presentado es de 25 personas o nombramientos relacionados con esos vínculos, aunque el texto distingue entre las 22 personas en empresas estatales y las tres de la Cámara.

La escala permite observar un patrón más amplio que un nombramiento aislado. El análisis incluye empresas como Ecopetrol, la SAE, Findeter, Fiduprevisora, Colpensiones, Coljuegos y el Fondo Nacional del Ahorro. También considera cargos elegidos por juntas y cargos definidos por el Gobierno mediante decreto.

El artículo explica que los puestos se distribuyen por varias vías. Las juntas pueden escoger presidentes, mientras el Gobierno puede nombrarlos mediante decreto. En otros casos, el Ministerio de Hacienda designa integrantes de las juntas, especialmente en empresas vinculadas al Grupo Bicentenario.

Hacienda tiene una posición central porque es propietario, directamente o mediante el Grupo Bicentenario y Ecopetrol, de las acciones del Gobierno en la mayoría de esas empresas. Así, su titular influye en la composición de muchas juntas. Miguel Gómez Martínez encabezaba el ministerio cuando se hizo el análisis.

La estructura concentra capacidad de nombramiento en pocas instituciones. Eso explica por qué las conexiones con el ministro, los Gómez o Salvación Nacional aparecen en varias entidades. También ayuda a entender cómo una decisión ministerial, una elección de junta o un decreto pueden cambiar quién administra empresas estatales.

Servir en una junta estatal ofrece dos beneficios principales: poder institucional y remuneración. Sus integrantes votan sobre decisiones influyentes, como líneas de crédito, y pueden participar en la elección de presidentes. También asisten a sesiones mensuales y reciben honorarios por cada participación.

Los montos varían. En Ecopetrol, los miembros reciben unos 10,5 millones de pesos por sesión, sin contar comités, que se pagan igual. En Findeter, cada sesión vale 5,8 millones; como hubo 14 sesiones en 2024, Wilson Ruiz recibiría unos 81 millones de pesos al año solo por esa junta.

El dinero no es la única ventaja. Quien integra una junta puede influir en la administración de una empresa pública y en sus operaciones financieras. El artículo también muestra que algunos ocupan varias posiciones, como Ruiz en Findeter y Fiduprevisora, ampliando su acceso a decisiones y honorarios.

Los nombramientos con conexiones personales o políticas no comenzaron con el gobierno de Abelardo De la Espriella. El artículo reconoce que la práctica tiene antecedentes. Sin embargo, sostiene que su frecuencia es mucho mayor en la administración actual que durante el gobierno de Gustavo Petro.

La comparación surge del análisis de 68 empresas estatales y de los 22 vínculos identificados con De la Espriella o Miguel Gómez Martínez, además de tres puestos en la Cámara de Comercio de Bogotá. El texto no ofrece una cifra equivalente del gobierno de Petro, pero sí presenta una diferencia clara en frecuencia.

El contraste resulta relevante por el mensaje de campaña. El gobierno actual llegó con críticas a “los de siempre”, pero varios nombramientos recayeron en amigos, socios, familiares políticos o personas relacionadas con aliados electorales. La tensión entre ese discurso y los nombramientos es uno de los puntos centrales del análisis.

Cuando el Estado posee empresas directamente o mediante grupos como el Grupo Bicentenario, la propiedad queda organizada bajo pocos centros de decisión. Hacienda puede nombrar juntas de varias entidades, sobre todo financieras. Esto importa porque una sola institución puede influir en numerosos cargos y empresas.

El artículo muestra el mecanismo con Fiduprevisora y Findeter. Miguel Gómez encabezaba Hacienda, ministerio que nombra juntas del Grupo Bicentenario. Allí llegó Wilson Ruiz, candidato de Salvación Nacional, y Andrés Cervantes, antiguo abogado de una firma de Enrique Gómez, quien además fue encargado por decisión firmada por Miguel Gómez.

Esta estructura puede facilitar la coordinación estatal, pero también concentra la responsabilidad por los nombramientos. Cuando los elegidos tienen vínculos políticos o personales y poca experiencia sectorial, como se señala en algunos casos, aumenta el riesgo de patronazgo. La rendición de cuentas depende de explicar quién nombró, con qué criterios y qué decisiones tomó cada junta.