The cost of tax reform is paid by the poorest women

La reforma propuesta cambiaría el tratamiento tributario de varios alimentos esenciales. El plátano, el tomate, la cebolla y los fríjoles están excluidos del IVA, pero podrían pasar a estar gravados con una tarifa del 19%. Esto elevaría el pago inicial de quienes compran esos productos.

Para compensarlo, el Gobierno plantea EfectIVA. Las personas pagarían el impuesto, pedirían una factura electrónica y luego recibirían una devolución. El proyecto también contempla giros en efectivo para quienes no tienen cuenta bancaria y una devolución mínima para personas en pobreza extrema sin compras registradas.

El artículo no explica otros cambios en el gasto público ni menciona recortes presupuestales. Sí muestra que el Estado tendría que financiar y operar devoluciones, anticipos y giros. La preocupación central es que ese diseño puede exigir conectividad, bancarización y desplazamientos difíciles en territorios con servicios muy débiles.

El IVA, o impuesto al valor agregado, es un tributo que se aplica al consumo de ciertos bienes y servicios. En términos generales, quien compra paga el impuesto dentro del precio final. La empresa o el comercio lo recauda y después lo entrega al Estado. Su lógica es gravar las compras, no directamente los ingresos de cada persona.

Si un producto cuesta 100 pesos antes del IVA y la tarifa es 19%, el comprador pagaría 119 pesos. Los 19 pesos adicionales serían el impuesto. En la práctica, la factura identifica la operación y permite registrar cuánto se pagó.

En el caso descrito, alimentos hoy excluidos podrían quedar gravados. El hogar tendría que pagar primero el IVA y solicitar una factura electrónica para intentar recuperar después ese dinero mediante EfectIVA. El artículo cuestiona si ese procedimiento funciona en lugares sin electricidad, internet o comercios formalizados.

EfectIVA es el mecanismo que el Gobierno propone para compensar a personas de menores ingresos por el IVA pagado en alimentos. Su importancia está en que intenta evitar que un impuesto sobre productos básicos reduzca permanentemente el presupuesto de los hogares pobres.

El procedimiento sería secuencial. Doña Tere compraría en un establecimiento que expida factura electrónica, registraría su cédula y esperaría a que el sistema reconociera la compra. Después, la Dian registraría la factura y Prosperidad Social procesaría la devolución. Quienes no tengan cuenta podrían recibir un giro en efectivo.

El proyecto también prevé una devolución mínima para personas en pobreza extrema aunque no registren compras. Sin embargo, el artículo señala obstáculos concretos: apagones, internet costoso, pequeños vendedores sin capacidad de facturar y desplazamientos para cobrar. Por eso, la devolución prometida no necesariamente equivale a dinero disponible de inmediato.

El costo de liquidez sería igual al IVA pagado durante el período de espera. Con una tarifa del 19%, cada 100.000 pesos gastados en alimentos gravados implicarían 19.000 pesos entregados temporalmente al Estado. Si el hogar gasta 300.000 pesos, adelantaría 57.000 pesos. Estos ejemplos muestran el mecanismo, no una cifra específica para doña Tere.

La devolución podría hacerse en períodos de hasta 15 días. Para quienes reciban giros, la espera podría extenderse a uno o dos meses. Durante ese tiempo, el hogar tendría menos efectivo para comprar alimentos, pagar transporte o cubrir emergencias.

El artículo subraya que la devolución sería sin intereses ordinarios. Por eso, el valor económico no es solo el impuesto adelantado, sino también la oportunidad de usar ese dinero mientras falta. La carga será mayor para quien vive al día y no puede conseguir crédito sin pagar intereses.

Cuando una familia vive de un día para otro, el dinero disponible tiene un uso inmediato. Si debe pagar un impuesto antes de recuperarlo, puede comprar menos alimentos, dejar productos para después o buscar crédito informal. El problema no es solamente el precio final, sino el momento en que sale el dinero.

El caso de doña Tere lo muestra con claridad. Ella lleva a comprar lo que consiguió trabajando y no tiene tarjeta de crédito para completar lo que falte. Si el mercado cuesta más por el IVA, tendría que reducirlo o pedir fiado. La devolución llegaría después, mientras sus nietos y ella necesitan comer ahora.

El artículo indica que las devoluciones pueden tardar hasta 15 días y que algunos giros podrían tardar uno o dos meses. Además, el Estado no pagaría intereses ordinarios. La familia asumiría la espera, aunque el proyecto sí prevé intereses de mora si alguien debe devolver recursos recibidos indebidamente.

Una cuenta bancaria puede estar a nombre de una mujer sin estar realmente bajo su control. Si otra persona decide cómo se usa el dinero, la titularidad formal no garantiza autonomía económica. Esto importa porque una transferencia estatal solo cumple su propósito si la beneficiaria puede disponer de ella.

El artículo describe mujeres cuyas parejas no les permiten abrir una cuenta. Otras sí tienen cuenta, pero sus compañeros controlan las tarjetas, las claves y hasta los movimientos. En esos casos, el Estado podría depositar la ayuda a nombre de la mujer, mientras otra persona decide si puede retirar o gastar el dinero.

La consecuencia es que la bancarización, por sí sola, no resuelve el acceso. El diseño de EfectIVA tendría que considerar esa violencia económica, además de la conectividad y los trámites. Si no lo hace, una transferencia registrada como recibida puede no convertirse en recursos disponibles para la mujer o su hogar.

Un impuesto al consumo puede ser regresivo cuando los hogares con menos ingresos deben dedicar una mayor proporción de su presupuesto a bienes esenciales. Si el plátano, el tomate o los fríjoles se encarecen, una familia pobre tiene menos margen para sustituirlos o esperar. La misma tarifa puede representar una presión mucho mayor para ella.

El artículo conecta esa presión con servicios insuficientes. En Nariño, 100.000 habitantes estuvieron una semana sin luz, y un apagón dejó sin servicio a ocho municipios del Pacífico. Además, mujeres como Yesenia sostienen hogares, acompañan mayores, organizan actividades infantiles y apoyan a otras mujeres. Cuando las instituciones no responden, ese trabajo recae en la comunidad.

El fragmento proporcionado no informa recortes de programas comunitarios. Sí muestra que la falta de servicios y respuestas institucionales amplía las tareas que las mujeres realizan sin pago. Si esas redes se debilitan, el texto permite anticipar más presión sobre ellas, pero no cuantifica ese efecto.