“I will prove my innocence”: Velasco after being released in UNGRD case

El Tribunal Superior de Bogotá decidió dejar en libertad inmediata a Luis Fernando Velasco. El exministro del Interior estaba bajo detención domiciliaria por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La decisión importa porque cambia su medida de aseguramiento mientras el proceso continúa.

Velasco había sido recapturado en agosto, después de que la Corte Suprema le concediera una tutela el 6 de agosto y ordenara liberarlo. El 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó esa nueva detención. Ahora, al resolver otra apelación, el tribunal ordenó que recuperara la libertad.

La salida no equivale a una absolución. Velasco todavía enfrenta un juicio por tres grupos de delitos y afirma que demostrará su inocencia ante la Corte Suprema. Las audiencias preparatorias quedaron programadas para 2027, con una nueva fecha el 2 de febrero.

La UNGRD significa Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Es la entidad pública relacionada con la gestión y atención de riesgos y emergencias en Colombia. Su papel vuelve especialmente delicados los contratos investigados, porque manejan recursos destinados a necesidades públicas urgentes.

El artículo no detalla cada función de la entidad, pero ubica a la UNGRD en el centro de un escándalo de corrupción. Según la acusación descrita, Velasco habría coordinado el direccionamiento de contratos para beneficiar a congresistas. Ese supuesto uso de contratos públicos es la conexión principal entre el exministro y el caso.

La investigación todavía está en etapa de juicio. Velasco enfrenta cargos, pero sostiene que demostrará su inocencia y que aportará elementos para identificar a quienes, según él, realmente se robaron la UNGRD. La libertad no elimina esa investigación.

Velasco enfrenta juicio por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en concurso homogéneo y sucesivo. Estos cargos describen, respectivamente, una posible coordinación delictiva agravada, el supuesto ofrecimiento o entrega de sobornos y una posible intervención indebida en contratos públicos.

La expresión “concurso homogéneo y sucesivo” indica que la acusación agrupa varios hechos del mismo tipo, cometidos de manera repetida. El artículo no presenta una condena ni una decisión definitiva sobre la responsabilidad de Velasco. Presenta los delitos que la Fiscalía le atribuye dentro del proceso.

El juicio continuará después de las audiencias preparatorias. Velasco dijo que demostrará su inocencia ante la Corte Suprema. Por eso, sus cargos deben entenderse como acusaciones pendientes de debate y prueba, no como hechos ya establecidos judicialmente.

La acusación sostiene que Luis Fernando Velasco habría coordinado el direccionamiento de contratos de la UNGRD. “Direccionar” significa orientar un proceso para favorecer a determinados destinatarios, en lugar de permitir una decisión imparcial basada en las reglas y necesidades públicas. En este caso, los supuestos beneficiarios serían congresistas.

El artículo no identifica los contratos concretos ni explica qué congresistas habrían recibido beneficios. Sí conecta esa conducta atribuida con los cargos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía debe probar cómo se habría producido la coordinación y cuál habría sido el papel de Velasco.

El señalamiento aún debe discutirse en juicio. Las audiencias preparatorias serán en 2027, pues la defensa pidió más tiempo para revisar las pruebas recopiladas por la Fiscalía. Velasco niega responsabilidad y afirma que demostrará su inocencia.

La cronología muestra casi un año de detenciones, recursos y aplazamientos. Velasco fue detenido en diciembre del año anterior al artículo, es decir, diciembre de 2025. El 6 de agosto de 2026, la Corte Suprema le concedió una tutela y ordenó liberarlo, pero fue recapturado en agosto.

El 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó la nueva detención. La defensa cuestionó que una magistrada hubiera ordenado una cárcel, aunque la Fiscalía había pedido detención domiciliaria. Luego, el 5 de noviembre de 2026, el tribunal resolvió una apelación y ordenó su libertad inmediata.

Las audiencias preparatorias se han aplazado dos veces. La defensa de Velasco y Ricardo Bonilla alegó dificultades para acceder a todas las pruebas de la Fiscalía. La nueva fecha es el 2 de febrero de 2027, cuando continuará la preparación del juicio.

El proceso no termina con la libertad. Lo siguiente son las audiencias preparatorias del juicio, en las que las partes organizan y revisan las pruebas antes del debate principal. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de febrero de 2027, después de que la audiencia fuera aplazada por segunda vez.

La defensa de Velasco y Ricardo Bonilla explicó que tuvo dificultades para acceder a todas las pruebas reunidas por la Fiscalía. La magistrada consideró que el nuevo plazo era razonable y permitiría completar el descubrimiento probatorio. Ese trabajo preparará la etapa en la que se discutirán los cargos.

Ser liberado no significa ser declarado inocente. El Tribunal Superior de Bogotá modificó su situación de detención, pero Velasco sigue procesado por concierto para delinquir agravado, cohecho e interés indebido en contratos. Él afirma que demostrará su inocencia ante la Corte Suprema.

En términos generales, los contratos públicos deben adjudicarse mediante reglas conocidas, competencia entre oferentes y decisiones justificadas por la necesidad, la calidad y el costo. La transparencia permite revisar quién participa, por qué gana y cómo se usa el dinero. Así se protege el interés público y se reducen los conflictos de interés.

En un caso como el investigado, el riesgo aparece si alguien orienta contratos hacia beneficiarios políticos en vez de escoger la mejor opción para atender una emergencia. El artículo señala que Velasco es acusado de direccionar contratos de la UNGRD para beneficiar a congresistas. Esa acusación todavía debe probarse.

La corrupción puede encarecer obras, favorecer proveedores inadecuados o dejar necesidades sin atención. En la gestión del riesgo, esas fallas pueden afectar la rapidez y calidad de la respuesta. Por eso, el juicio y la revisión de pruebas serán importantes para establecer qué ocurrió.