Rescue law: food will pay the cost of the fiscal adjustment

La Ley de Rescate Económico modifica el IVA en tres etapas de la cadena alimentaria: los insumos, los servicios de producción y los alimentos. Su importancia está en que el impuesto no necesariamente será recuperable por todos los productores. Así, puede convertirse en un costo permanente y no solo en un trámite tributario.

El proyecto elimina exenciones y exclusiones para fertilizantes, semillas, agroquímicos y maquinaria agrícola. También grava con 19% los servicios prestados por terceros para producir alimentos. Además, elimina exenciones aplicables a la producción de alimentos para animales y cambia la tributación de varios productos de la canasta básica.

El efecto final dependerá de quién pueda recuperar el IVA. Los pequeños y medianos productores podrían trasladar parte del costo a los precios. El consumidor pagaría más, reduciría compras y afectaría la demanda agrícola. El texto también plantea devoluciones mediante EfectIVA, pero con topes y condiciones.

El proyecto llevaría a la tarifa del 19% a frutas frescas como banano, aguacate, mango y cítricos. También incluiría hortalizas como tomate, cebolla, zanahoria y lechuga, además del cacao en grano. Estos productos están ligados a la alimentación diaria y podrían encarecerse si el impuesto se traslada al precio final.

Otros productos subirían desde una tarifa del 5% hasta el 19%. La lista incluye azúcar, aceites vegetales crudos y chocolate de mesa. El café perdería la exención del café verde y la tarifa reducida del café tostado. El arroz aparece con una contradicción: podría quedar excluido o tener una tarifa diferencial.

En los insumos, fertilizantes, semillas, agroquímicos y maquinaria agrícola dejarían de estar exentos o excluidos. El texto no precisa una tarifa individual para cada insumo, pero sí elimina su tratamiento preferencial. Los servicios productivos prestados por terceros sí tendrían expresamente 19%.

Recuperar el IVA exige cumplir condiciones y usar mecanismos de devolución. Según el texto, muchos pequeños y medianos productores no podrán hacerlo completamente. La razón principal es la informalidad del sector, que afecta los documentos, registros y procedimientos necesarios para demostrar los impuestos pagados.

Un productor puede comprar fertilizantes, semillas, agroquímicos, maquinaria o servicios de terceros con IVA. Una empresa formal podría descontar o solicitar la devolución de ese impuesto, según las reglas aplicables. Un campesino sin la estructura administrativa requerida podría no recuperar el mismo valor y tendría que incorporarlo a sus costos.

Esto importa porque los costos no se distribuyen igual entre todos los participantes. El proyecto prevé devoluciones mediante EfectIVA, con coberturas entre 30% y 100%, además de topes y condiciones. Por eso, la devolución no garantiza que cada productor reciba todo el IVA pagado.

Cuando un productor no puede recuperar el IVA de sus insumos y servicios, ese impuesto se suma al costo de producir. Para mantener su margen, puede subir el precio de venta. Si muchos productores hacen lo mismo, el aumento llega a los alimentos que consumen los hogares colombianos.

El artículo menciona frutas, hortalizas, cacao, azúcar, aceites, chocolate y café. Una familia con ingresos limitados podría comprar menos, dejar de consumir ciertos productos o destinar más dinero a la comida. El efecto depende de cuánto del impuesto absorban los productores y cuánto trasladen al consumidor.

La menor compra también golpea al campo. Si cae la demanda, los agricultores reciben menos ingresos y pueden reducir la producción. El impacto será mayor para quienes no recuperen el IVA. Las devoluciones de EfectIVA podrían aliviar parte de la carga, pero no necesariamente evitarían el pago inicial ni cubrirían todo.

La competencia importada puede volverse relativamente más barata cuando producir en Colombia incorpora impuestos que no se recuperan. El productor nacional paga más por insumos y servicios, mientras el producto extranjero llega con una estructura de costos menos afectada por esas cargas internas.

El artículo señala que las materias primas y los alimentos procesados importados también pagarían el IVA colombiano. Sin embargo, continuarían gozando de la eliminación de aranceles. Si además pueden recuperar los gravámenes en su cadena productiva, tendrían una ventaja frente a los alimentos producidos localmente.

Esa diferencia reduciría todavía más la rentabilidad de muchos agricultores colombianos. Los productores podrían enfrentar menores precios de venta, menos demanda y dificultades para sostener la producción. El resultado sería una ampliación de la ventaja de las importaciones frente a la producción nacional, especialmente en alimentos que el país todavía produce.

La diferencia está en lo que ocurre con el IVA pagado durante la cadena. En ambos casos, el consumidor no ve un IVA cobrado sobre la venta del producto. Pero el tratamiento exento puede permitir que productores y transformadores recuperen los impuestos pagados en insumos y procesos.

El producto excluido, en cambio, generalmente no permite esa recuperación. El arroz muestra por qué importa la clasificación: el proyecto parece ubicarlo simultáneamente como excluido y como producto con tarifa diferencial. En ambos escenarios no habría IVA sobre la venta, pero cambiaría la posibilidad de recuperar impuestos anteriores.

La decisión del Legislativo definirá dónde aparece el costo. Si el IVA de la producción no se recupera, puede quedar incorporado en el precio o reducir la rentabilidad del productor. Si se recupera, la presión sobre consumidores y agricultores puede ser menor. Por eso, una etiqueta tributaria aparentemente técnica tiene efectos económicos concretos.

El proyecto aparece dentro de un ajuste fiscal recomendado por el Fondo Monetario Internacional. En su informe de 2025, el FMI pidió un esfuerzo equivalente al 3,2% del PIB entre 2026 y 2028. La meta incluye aumentar el recaudo tributario, reducir exenciones del IVA, racionalizar el gasto y los subsidios, y estabilizar la deuda.

Subir o ampliar el IVA encaja directamente en esa estrategia porque aumenta los ingresos públicos mediante más productos, insumos y servicios gravados. La Ley de Rescate Económico aplica esa orientación a la producción agropecuaria y a diversos alimentos. El 2 de noviembre, el organismo respaldó públicamente la orientación fiscal del proyecto.

El problema es distributivo y productivo. El Estado busca más recaudo, pero algunos productores no podrán recuperar el impuesto y los consumidores podrían pagar más. La medida también puede afectar la demanda, la producción nacional y la competencia con importaciones. El resultado dependerá del texto final y de las devoluciones aplicadas.