“There is a gigantic criminal gang”: Velasco speaks about the Ungrd case

La Ungrd es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Su función está relacionada con la atención y prevención de emergencias. Sus contratos importan porque manejan recursos públicos y deben responder a necesidades oficiales, no a acuerdos políticos. Por eso, cualquier intercambio entre contratos y apoyos legislativos puede constituir corrupción.

El caso se concentra en la acusación de que Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla participaron en un acuerdo. Según la Fiscalía, el supuesto trato buscaba conseguir apoyos en el Congreso a cambio de contratos de la Ungrd. El escándalo también incluye los contratos de carrotanques, que fueron los primeros hechos investigados y divulgados ampliamente.

Velasco sostiene que la Fiscalía solo ha revisado una parte del problema. Afirma que una red habría manejado contratos por más de $1,3 billones. El proceso continúa, y su defensa dice que presentará pruebas en febrero de 2027. Los contratos son relevantes porque muestran dónde pudieron dirigirse los recursos y quiénes habrían obtenido beneficios.

El Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar la detención domiciliaria de Luis Fernando Velasco y ordenó su libertad inmediata e incondicional. La medida cambió su situación personal dentro del proceso, pero no resolvió el fondo del caso. Velasco todavía enfrenta un juicio por tres delitos relacionados con el supuesto manejo irregular de contratos.

La decisión tampoco estableció que el exministro fuera inocente. Según el texto, el tribunal no cerró la investigación ni definió su responsabilidad penal. La Fiscalía mantiene sus acusaciones, mientras Velasco insiste en que es inocente y que él y Ricardo Bonilla son chivos expiatorios.

El caso ha tenido varios cambios de detención. Velasco fue detenido en diciembre del año anterior, obtuvo una tutela de la Corte Suprema el 6 de agosto y fue recapturado ese mismo mes. El tribunal legalizó esa detención el 19 de agosto. La nueva orden de libertad permite que siga defendiendo su caso, pero el juicio continúa.

Luis Fernando Velasco enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. Son acusaciones formales dentro de un proceso penal, no una condena. Velasco niega los hechos y afirma que él y Ricardo Bonilla fueron convertidos en chivos expiatorios.

La Fiscalía sostiene que ambos exministros hicieron parte de un acuerdo político. Según esa hipótesis, habrían buscado apoyos en el Congreso ofreciendo contratos de la Ungrd. El mecanismo investigado sería el uso de recursos y contratos públicos para conseguir respaldo legislativo. La imputación ocurrió el 1 de diciembre de 2025.

El proceso no ha terminado. Velasco afirma que la Fiscalía investigó solo una parte del escándalo, especialmente la relacionada con los carrotanques. También dice tener pruebas para su defensa. Su equipo prevé presentarlas en febrero de 2027. Hasta entonces, las acusaciones deben distinguirse de una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad.

La cifra que Luis Fernando Velasco menciona supera los $1,3 billones. Según su versión, una supuesta banda criminal que operó durante el gobierno de Gustavo Petro se apropió de recursos y manejó contratos por ese valor. Es una afirmación del exministro, no una cifra presentada en el texto como una conclusión judicial.

Velasco usa esa suma para cuestionar el alcance de la investigación. Afirma que la Fiscalía se concentró en los contratos de carrotanques y que solo investigó una parte del escándalo. También sostiene que la investigación se limitó en buena medida a los hechos que había revelado la prensa.

La cifra ayuda a mostrar la escala que Velasco atribuye al caso, pero no determina por sí sola quién sería responsable. El exministro enfrenta un juicio y dice tener pruebas para su defensa. Su equipo prevé presentarlas en febrero de 2027, mientras el proceso penal continúa sin una decisión definitiva sobre su culpabilidad.

Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla son exministros del gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía los señala de haber participado en un acuerdo para conseguir apoyos en el Congreso mediante contratos de la Ungrd. Ambos fueron imputados el 1 de diciembre de 2025. Velasco niega la acusación y dice que los dos son chivos expiatorios.

Sneyder Pinilla fue subdirector de la Ungrd. El texto señala que negoció un principio de oportunidad con la fiscal María Cristina Patiño. Luis Gustavo Moreno fue fiscal anticorrupción y fue condenado en el caso del cartel de la toga. Velasco afirma que Moreno es actualmente el abogado de Pinilla.

Estas funciones no significan que todos tengan la misma situación procesal. Velasco y Bonilla enfrentan el juicio mencionado. Pinilla aparece ligado a una negociación con la Fiscalía, mientras Moreno aparece como abogado y condenado en otro caso. El artículo también recoge cuestionamientos de Velasco sobre esas relaciones, sin resolverlos judicialmente.

Un contrato público debe responder a una necesidad del Estado y seguir reglas de selección, transparencia y control. El intercambio investigado funcionaría de otra manera: funcionarios ofrecerían contratos o dirigirían recursos, y congresistas entregarían apoyo político. La Fiscalía sostiene que ese pudo ser el acuerdo relacionado con la Ungrd.

El ejemplo del caso es concreto. Según la acusación, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla habrían buscado apoyos en el Congreso a cambio de contratos de la entidad. Si se demuestra que los contratos fueron usados como moneda de cambio, dejarían de servir exclusivamente al interés público. También podría haber beneficios indebidos para intermediarios o aliados.

Ese posible intercambio puede encajar en delitos como cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, una acusación no equivale a una condena. Velasco afirma que es inocente y que la Fiscalía investigó solo una parte del escándalo. La defensa prevé presentar pruebas en febrero de 2027, y será la justicia la que valore los hechos.

En Colombia, una persona acusada enfrenta una investigación o imputación porque la Fiscalía considera que existen razones para llevarla ante la justicia. Eso no prueba automáticamente el delito. La persona conserva el derecho a defenderse y a que su responsabilidad sea decidida mediante el proceso correspondiente.

La detención es una medida que limita la libertad durante el proceso. Puede ser intramural o domiciliaria, según lo que ordenen los jueces. En el caso de Velasco, el tribunal revocó la detención domiciliaria y ordenó su libertad inmediata, pero esa decisión no cerró el juicio ni definió su culpabilidad.

La condena llega únicamente cuando una autoridad judicial determina responsabilidad penal mediante una sentencia. El artículo indica que Velasco enfrenta juicio por tres delitos y sostiene que es inocente. Por tanto, su situación combina acusaciones y decisiones sobre detención, pero no una condena. La defensa prevé presentar pruebas en febrero de 2027.